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La embajadora Leah F. Campos afirmó que la corrupción y la aplicación desigual de las regulaciones pueden afectar la competencia comercial y los ingresos públicos. Al referirse al cierre de la fábrica Cartesa, autoridades reportaron presuntas irregularidades y la empresa rechazó los señalamientos y cuestionó el procedimiento.
Santo Domingo. La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, expresó estas preocupaciones en un mensaje publicado en su cuenta de X el martes 10 de noviembre. Dijo que tanto el Gobierno dominicano como el sector privado han advertido sobre el riesgo de que la corrupción y la falta de uniformidad regulatoria generen condiciones desiguales para el comercio legítimo y reduzcan los ingresos del Estado.
Campos señaló que Estados Unidos comparte esas inquietudes cuando resultan afectadas empresas e inversionistas estadounidenses. También elogió los esfuerzos de las autoridades dominicanas y citó como ejemplo el cierre de una fábrica de cartón que, según expresó, operaba de manera inadecuada.
La planta, identificada como Fábrica Cartesa, está ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra. Las autoridades la clausuraron el 29 de octubre durante un operativo encabezado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con participación de Migración y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Según informaron las autoridades, el establecimiento no contaba con certificado de uso de suelo y otras autorizaciones necesarias para operar. Además, reportaron un depósito de combustible que incumplía la Ley 112-00 de Hidrocarburos y ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil.
En un comunicado divulgado el 11 de noviembre, Cartesa rechazó las irregularidades atribuidas a sus operaciones. La empresa afirmó que es de inversión mixta, está legalmente constituida y mantiene al día sus registros y obligaciones tributarias; también sostuvo que el combustible era para su planta eléctrica y cuestionó el procedimiento de clausura.
El caso también generó pronunciamientos diplomáticos. La Embajada de China había objetado declaraciones previas del subsecretario de Estado estadounidense Juan Pablo Segura sobre el cierre de la fábrica y pidió evitar que el caso se utilice para estigmatizar a empresas chinas. La misión sostuvo que la aplicación de las leyes dominicanas corresponde a un Estado soberano.
Campos recordó que, aunque ambos países son soberanos, República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación de cooperación en comercio y seguridad. Añadió que pueden respaldar medidas para reforzar la seguridad regional, fortalecer el comercio legítimo y combatir el tráfico ilícito que afecta la seguridad y la prosperidad de ambos países.