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La jurista sostiene que el anuncio de mil becas, 20 mil códigos jurídicos y beneficios sociales llega a menos de dos meses de concluir el mandato de Potentini.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La abogada Basilia Rodríguez cuestionó el anuncio del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, sobre la puesta en marcha de mil becas para maestrías, la distribución de 20 mil códigos jurídicos y un programa de beneficios sociales para profesionales del derecho.
El CARD publicó el anuncio el 11 de noviembre en su portal institucional. Allí indicó que el plan incluye becas, ejemplares de los códigos Penal y Procesal Penal y programas de asistencia social. Potentini vinculó la iniciativa a una decisión del Tribunal Constitucional que, según expuso, reafirmó su condición de presidente y permitió iniciar una nueva etapa de trabajo.
Rodríguez calificó la iniciativa de «demagógica» y «oportunista». A su juicio, los programas debieron formar parte de las prioridades institucionales desde el inicio de la gestión, que, según afirmó, concluirá en menos de dos meses.
La jurista sostuvo que los abogados tuvieron que esperar hasta el tramo final del mandato para escuchar anuncios sobre especialización, asistencia social y fortalecimiento profesional, áreas que considera responsabilidades permanentes del gremio.
También cuestionó la gestión de Potentini al frente del CARD y afirmó que los anuncios no sustituyen los resultados ni, a su entender, resuelven las dificultades que habrían afectado el funcionamiento y la representación del gremio.
«No se puede pretender presentar como un gran logro de gestión lo que apenas se está anunciando cuando el tiempo para ejecutarlo prácticamente se ha agotado. Los abogados necesitan hechos, no promesas de última hora ni anuncios con evidente interés de mejorar una imagen institucional desgastada», sostuvo Rodríguez.
La resolución electoral del CARD establece que la directiva fue proclamada para el período enero de 2024 a enero de 2027. Rodríguez agregó que la formación académica y la protección social de los abogados son necesidades permanentes, no iniciativas que deban activarse al acercarse el cierre de una administración.
