Por Fuente externa
Washington D.C. – El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, atacando lo que describió como “prácticas irrazonables y discriminatorias” de países extranjeros.
Durante un evento en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, acompañado por figuras como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. y el Dr. Mehmet Oz, Trump promulgó la orden ejecutiva.
“Este es el decreto más poderoso sobre precios de farmacia y atención médica jamás emitida en la historia de nuestra nación”, afirmó el Dr. Oz.
Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad del decreto y la autoridad del gobierno estadounidense para regular los precios de medicamentos en otros países. La medida representa un intento de revivir la política de “Nación más favorecida” de su primer mandato, la cual fue bloqueada judicialmente y posteriormente cancelada por el presidente Biden.
La industria farmacéutica, que ya logró frenar la primera versión de esta política, se espera que presente una fuerte oposición.
Trump había adelantado la medida en redes sociales, escribiendo en Truth Social: “¡LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS SE REDUCIRÁN UN 59%, ADEMÁS! Gasolina, energía, comestibles y todos los demás costos, ¡BAJARÁN! ¡SIN INFLACIÓN! ¡CON AMOR, DJT!”.
El decreto busca reducir los costos de una amplia gama de medicamentos, tanto en el mercado comercial como en los programas Medicare y Medicaid, basando los pagos en los precios de otros países, a los que Trump acusa de “prácticas irracionales”.
Según un funcionario de la Casa Blanca, si los precios no disminuyen rápidamente, el gobierno explorará otras medidas para forzar la reducción. El decreto también ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos negociar precios más bajos en todos los mercados.
En caso de no lograr avances, se implementaría la regla de “Nación más favorecida”, estableciendo el precio más bajo disponible entre países comparables. Esta regla, inicialmente propuesta en 2020, fue bloqueada por tribunales federales y cancelada por Biden en 2021, según informó CNN. La medida promete desencadenar intensas batallas legales.
