04/06/2026
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El intrincado entramado de corrupción y lavado de activos del caso Operación Coral sigue desvelándose en los tribunales. El Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes que demuestran cómo el grupo de imputados, liderado por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, ocultó bienes millonarios a través de prestanombres y empresas fachada, todos adquiridos con fondos públicos. Durante el juicio, siete peritos especializados ofrecieron sus testimonios, detallando el valor de propiedades e inmuebles que, según la acusación, fueron comprados con dinero ilícito. Propiedades de Lujo y Operaciones Encubiertas Entre los hallazgos más relevantes, se destacaron tres lujosas residencias en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Estas propiedades, valoradas en un total de US$3,486,544.92, fueron puestas a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”. Esta maniobra, según la fiscalía, buscaba precisamente ocultar a los verdaderos dueños de los bienes. Asimismo, la perita encargada del avalúo de la Asociación Campesina Madre Tierra testificó sobre su valor. Esta propiedad agroindustrial, registrada a nombre de Cáceres Silvestre y equipada con modernas naves avícolas y diversos cultivos, tiene un valor estimado de US$3,856,046. Para encubrir su titularidad, Cáceres Silvestre habría utilizado a terceros como fachada, incluyendo a Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuraban como supuestos directivos. Es importante recordar que Martínez ya admitió en audiencias previas haber prestado su nombre para estos fines. Irregularidades en CONANI bajo la Mirada de la Justicia La jornada judicial del jueves también incluyó los testimonios de exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Estos declararon sobre irregularidades ocurridas durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, quien también es acusado en el caso. Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró gerente financiero de CONANI al coronel Rafael Núñez de Aza, a pesar de que este ya ocupaba posiciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Aunque la Contraloría General de la República revocó la designación, Cuello Coste mantuvo a Núñez de Aza como su representante ante el Comité de Compras y y Contrataciones de la entidad. El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, ha presentado hasta la fecha 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales. Estas evidencias buscan solidificar la acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos. La audiencia, presidida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, reanudará sus sesiones el próximo martes, 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana
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SANTO DOMINGO, República Dominicana – El intrincado entramado de corrupción y lavado de activos del caso Operación Coral sigue desvelándose en los tribunales. El Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes que demuestran cómo el grupo de imputados, liderado por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, ocultó bienes millonarios a través de prestanombres y empresas fachada, todos adquiridos con fondos públicos. Durante el juicio, siete peritos especializados ofrecieron sus testimonios, detallando el valor de propiedades e inmuebles que, según la acusación, fueron comprados con dinero ilícito. Propiedades de Lujo y Operaciones Encubiertas Entre los hallazgos más relevantes, se destacaron tres lujosas residencias en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Estas propiedades, valoradas en un total de US$3,486,544.92, fueron puestas a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”. Esta maniobra, según la fiscalía, buscaba precisamente ocultar a los verdaderos dueños de los bienes. Asimismo, la perita encargada del avalúo de la Asociación Campesina Madre Tierra testificó sobre su valor. Esta propiedad agroindustrial, registrada a nombre de Cáceres Silvestre y equipada con modernas naves avícolas y diversos cultivos, tiene un valor estimado de US$3,856,046. Para encubrir su titularidad, Cáceres Silvestre habría utilizado a terceros como fachada, incluyendo a Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuraban como supuestos directivos. Es importante recordar que Martínez ya admitió en audiencias previas haber prestado su nombre para estos fines. Irregularidades en CONANI bajo la Mirada de la Justicia La jornada judicial del jueves también incluyó los testimonios de exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Estos declararon sobre irregularidades ocurridas durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, quien también es acusado en el caso. Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró gerente financiero de CONANI al coronel Rafael Núñez de Aza, a pesar de que este ya ocupaba posiciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Aunque la Contraloría General de la República revocó la designación, Cuello Coste mantuvo a Núñez de Aza como su representante ante el Comité de Compras y y Contrataciones de la entidad. El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, ha presentado hasta la fecha 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales. Estas evidencias buscan solidificar la acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos. La audiencia, presidida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, reanudará sus sesiones el próximo martes, 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana

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