Santo Domingo, 9 sep (EFE).- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra un hombre acusado de realizar una falsa amenaza de bomba que provocó el retorno de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
La acusación contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.
El imputado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
EL HECHO
Según la investigación, el hombre realizó el 6 de enero de 2026 una llamada telefónica en la que alertó falsamente sobre la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines.
A raíz de la comunicación, las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de emergencia, ordenaron el retorno de la aeronave y desplegaron los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de amenazas, informó el Ministerio Público.
LAS PRUEBAS
La Fiscalía indicó que la acusación está sustentada en pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales y procesales obtenidas durante la investigación.
Entre las evidencias figura la grabación de la llamada realizada al centro de atención de Aerodom mediante la plataforma tecnológica Amazon Connect.
Las certificaciones de las compañías telefónicas permitieron determinar el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo ocupado al acusado.
La investigación incluyó además informes técnicos de Aerodom, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia y documentación del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), que acredita la activación de los protocolos de emergencia y las afectaciones ocasionadas a las operaciones aéreas.
El Ministerio Público también presentó los resultados de un análisis forense practicado al teléfono móvil ocupado al acusado, mediante el cual, según la acusación, fueron recuperados registros, metadatos y otras evidencias digitales que corroboran la llamada.
A estas pruebas se suma un peritaje de acústica forense realizado por especialistas de la Policía Científica, cuyos resultados determinaron que la voz registrada en las grabaciones corresponde al acusado, según el órgano acusador.
