La reciente decisión de la Policía Nacional Dominicana de solicitar permiso al influencer conocido como ChinoRD para continuar grabando videos de concientización sobre seguridad vial en la vía pública ha generado una ola de comentarios divididos en redes sociales y medios tradicionales. La medida, que busca supuestamente regular el uso del espacio público, abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad institucional y el rol de los creadores de contenido en temas de educación ciudadana.
El influencer ChinoRD se ha destacado en los últimos años por producir contenidos audiovisuales enfocados en la educación vial, donde de manera directa y hasta humorística, interactúa con conductores y peatones para exponer faltas comunes y promover una conducta responsable en las calles.
Sin embargo, en días recientes, trascendió públicamente que la Policía Nacional habría exigido que el creador solicite permiso previo para realizar estas grabaciones en espacios públicos, bajo el argumento de que su actividad requiere supervisión oficial y autorización formal.
Esto ha dividido opiniones:
Puntos positivos de la decisión:
1. Orden institucional: La solicitud de permiso puede ser vista como una forma de garantizar que los contenidos grabados no violen derechos de terceros ni interfieran con operativos oficiales en las vías públicas.
2. Supervisión y coordinación: Permitir que exista una coordinación previa entre el influencer y las autoridades podría evitar malentendidos o conflictos legales durante las grabaciones.
3. Protección de la imagen institucional: La Policía Nacional puede estar intentando cuidar que los contenidos no distorsionen ni desacrediten el trabajo de sus agentes.
Puntos negativos de la decisión:
1. Riesgo de censura: Solicitar permiso puede interpretarse como una manera de limitar la crítica y el libre ejercicio de la comunicación ciudadana, especialmente si el contenido señala fallos del sistema.
2. Desaliento a la iniciativa privada: Influencers como el ChinoRD, que invierten tiempo y recursos en campañas educativas sin fines de lucro, podrían desmotivarse si enfrentan trabas burocráticas.
3. Percepción de persecución: El hecho de que se le pida permiso a una figura pública reconocida y popular puede dar la impresión de que se está intentando silenciar a quienes muestran la realidad de las calles desde una óptica distinta.
4. Incoherencia institucional: Mientras las autoridades luchan por reducir los niveles de imprudencia en las vías, frenar a quienes aportan de manera creativa a esa meta puede ser contraproducente.
El caso del ChinoRD vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de replantear cómo las autoridades colaboran con los nuevos actores de la comunicación digital. La educación vial es una deuda pendiente en el país, y sumarse a los esfuerzos de concienciación, en lugar de obstaculizarlos, podría ser un camino más efectivo. Las redes sociales han demostrado ser una herramienta poderosa para la transformación social, siempre que se usen con ética y respeto.
