Por Fuente externa.
Santo Domingo, D.N.- Un grupo de destacados periodistas y figuras de la televisión dominicana, compuesto por Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora Mariasela Álvarez, han presentado querellas penales por difamación e injuria ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Las acciones legales se dirigen contra cuatro comunicadores a quienes acusan de difundir reiteradamente señalamientos difamatorios e injuriosos a través de medios digitales.
La información fue dada a conocer por el equipo legal que representa a los querellantes, integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Los comunicadores querellados son Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.
En una declaración de prensa emitida por sus abogados, se afirmó que “Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves”.
El documento legal subraya que, si bien cada querella responde a circunstancias específicas, todas comparten un objetivo común: “sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios”.
Los representantes legales de los periodistas querellantes reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y la utilización adecuada de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos. “No puede confundirse la libertad con la impunidad”, enfatizaron en su comunicado.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas para la construcción colectiva, en contraposición a su uso para la destrucción personal.
Los abogados aseguraron que estas acciones legales no buscan restringir el debate público ni limitar la crítica, sino proteger a la ciudadanía del uso indebido de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
